Cada vez más fraude en los seguros de automóvil

Aumentan los intentos de estafa al seguro debido a la crisis

Las aseguradoras de coches españolas han detectado un incremento de los intentos de fraude a lo largo del pasado año. Se han registrado un total de 76.569, que de culminar con éxito, hubieran supuesto un coste de 296 millones de euros, un 7,2% más que en el ejercicio anterior.

Según la patronal aseguradora Unespa, el aumento de los intentos de estafa en los seguros de automovil se debe a las dificultades económicas, que llevan a algunos clientes a intentar obtener liquidez mediante siniestros simulados o aprovechan una declaración de siniestro para incluir en ella daños producidos con anterioridad. Este tipo de reclamaciones ha constituido el 78% de las tentativas de fraude, mientras que el 20% restante ha estado relacionado con las indemnizaciones por responsabilidad civil y en pólizas de diversos.

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De hecho, en 2009, se espera que la cifra crezca de manera notable porque el sector del seguro de coche siempre experimenta con cierto retraso las variaciones cíclicas de la economía.

El seguro de automovil es uno de los más propicios para este tipo de práctica en tiempos de crisis. El ramo de accidentes es también uno de los más afectados, ya que cubre, en muchas ocasiones, a los trabajadores autónomos, que se están viendo especialmente castigados por las dificultades económicas.

En este sentido, González de Frutos, el presidente de la asamblea anual de Unespa, afirma que con la crisis los particulares han perdido las referencias tradicionales del ahorro y con ello, su patrón de prioridades se ha visto modificado. "Los españoles no sólo están preocupados por la seguridad de su dinero, sino también por qué hacer con él", según una encuesta realizada por Unespa sobre la confianza que les merecen los distintos activos.

Para afrontar la situación, las compañías de seguros de automovil han reactivado sus sistemas de control sobre las peticiones que realizan los asegurados. Gracias a ello, las entidades han consiguieron evitar el pago de 205 millones de euros, aunque tuvieron que hacer frente a 91 millones de euros, por no haber conseguido pruebas concluyentes de la existencia del engaño.

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